Los estados de Oklahoma, Luisiana y Virginia Occidental han presentado una nueva petición formal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise la constitucionalidad de la Ley de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA). La solicitud, fechada el 15 de mayo y registrada oficialmente en el calendario del Tribunal Supremo el 2 de junio de 2026, busca una nueva oportunidad para argumentar que la normativa otorga facultades regulatorias excesivas a una entidad privada sobre el deporte de la sangre pura.

Un nuevo intento tras cinco años de litigios

Esta petición de writ of certiorari marca el último capítulo de un proceso legal que se extiende ya por cinco años. Durante este periodo, los tres estados y un grupo de demandantes que se unieron a la demanda original en 2021 no han logrado demostrar sus alegaciones de inconstitucionalidad en ninguna de las instancias judiciales previas. Los tribunales de distrito federales, las cortes de apelaciones y el propio Tribunal Supremo han mantenido, hasta ahora, la validez del marco regulatorio.

El recurso llega exactamente seis meses después de que un panel de tres jueces del Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en Cincinnati, confirmara por segunda vez en dos años y medio la validez constitucional de HISA. La opinión y orden del 17 de diciembre de 2025 hicieron referencia explícita a que el mismo tribunal ya había emitido un fallo sobre esta cuestión legal el 3 de marzo de 2023, manteniendo una línea jurisprudencial consistente y rechazando los argumentos de los demandantes en ambas ocasiones.

La postura de los circuitos federales y la doctrina de la no delegación

La decisión del Sexto Circuito se alinea con posturas similares adoptadas por otros tribunales de apelación federales. Paneles de jueces en los casos de constitucionalidad de HISA en los Circuitos Quinto y Octavo también han coincidido previamente en que la estructura de elaboración de normas de la ley es constitucional. El Quinto Circuito, sin embargo, ha mostrado una postura parcialmente divergente al considerar que las disposiciones de ejecución de HISA sí presentan problemas constitucionales, aunque validó el poder regulatorio central establecido por el Congreso.

El núcleo del argumento de los estados demandantes se centra en la doctrina de la no delegación. Este principio legal prohíbe al Congreso transferir poder legislativo a agencias federales sin establecer un "principio inteligible" que guíe el ejercicio de la discrecionalidad de dichas agencias. En su escrito, los peticionarios sostienen que el Sexto Circuito analizó de manera "errónea" la aplicación de la doctrina de no delegación privada a la ley.

Los estados argumentan que el caso representa el vehículo ideal para que el Tribunal Supremo aclare si la delegación de poder de elaboración de normas y aplicación de la ley a la Autoridad HISA viola esta doctrina. El escrito de certiorari señala explícitamente: "Debido a que el Sexto Circuito volvió a respaldar la delegación sin precedentes de poder federal de aplicación de la ley y elaboración de normas a la Autoridad privada, el Tribunal Supremo debería conceder el certiorari y revocar la decisión".

El precedente de la FCC y la remisión del Tribunal Supremo

La actual solicitud judicial se produce tras una orden de remisión emitida por el Tribunal Supremo el 30 de junio de 2025. En esa fecha, la máxima corte devolvió todas las demandas relacionadas con HISA a los tribunales de apelaciones federales para su reconsideración. El motivo fue la necesidad de evaluar los casos a la luz de un precedente que no había sido resuelto cuando se litigaron originalmente: Federal Communications Commission (FCC) vs. Consumers' Research.

En ese fallo del 27 de junio de 2025, los jueces del Tribunal Supremo, por una votación de 6 a 3, rechazaron los argumentos que sostenían que el mecanismo de financiación de un servicio de telecomunicaciones subsidiado violaba la doctrina de la no delegación. La opinión también desestimó la alegación de que la FCC delegaba demasiada autoridad a una empresa privada para administrar el programa. Este precedente resultó determinante para el análisis posterior de los tribunales inferiores, ya que estableció parámetros más amplios sobre la supervisión federal y la participación de entidades administradoras.

Mientras los Circuitos Quinto y Octavo aún no han escuchado argumentos ni emitido opiniones sobre los casos remitidos, once meses después de la orden del Tribunal Supremo, el Sexto Circuito actuó con mayor celeridad. Tras escuchar argumentos orales en noviembre, publicó su opinión apenas un mes después. En su análisis de diciembre de 2025, el tribunal señaló: "A la luz de la orientación proporcionada por el Tribunal Supremo en Consumers' Research y otras decisiones recientes, rechazamos este desafío facial porque la ley, en su forma enmendada, otorga a la Comisión Federal de Comercio (FTC), y no a la Autoridad HISA, la última palabra sobre las disposiciones clave de elaboración de normas y ejecución".

La estructura de supervisión y los próximos pasos

El Sexto Circuito enfatizó en su fallo que la Autoridad HISA opera en una posición subordinada dentro del esquema regulatorio federal. "La Autoridad cede ante la supervisión de la FTC y carece de la última palabra sobre la elaboración de normas y la ejecución de la ley, características probadas y consolidadas de un organismo inferior", detalló la opinión judicial. Esta distinción estructural ha sido el pilar para que los tribunales mantengan la validez de la ley frente a los desafíos de delegación privada, al demostrar que el poder final de decisión recae en una agencia gubernamental y no en una entidad independiente.

Los demandados en esta demanda continua son el Gobierno de Estados Unidos, la Autoridad HISA y seis personas que actúan en sus capacidades oficiales para la FTC. La petición actual busca reenfocar el debate en la Suprema Corte sobre los límites del poder regulatorio y la intervención de entidades privadas en la supervisión de un deporte con fuerte tradición estatal y comercial. La aceptación o el rechazo del certiorari por parte de los nueve jueces definirá si el litigio continúa o si la estructura actual de HISA se consolida de manera definitiva.

La industria del hipismo sigue de cerca este desarrollo legal. La resolución del Tribunal Supremo determinará si HISA mantiene su marco regulatorio actual o si se enfrenta a una reestructuración legal que podría alterar la supervisión federal de las carreras de caballos en Estados Unidos. Hasta la fecha, la Autoridad HISA no ha emitido comentarios públicos tras la solicitud de TDN, manteniendo el foco en la aplicación operativa de las normas mientras el proceso judicial avanza por las instancias correspondientes.